La postura del Estado mexicano ante la CNTE, debería ser un tema relevante para las campañas presidenciales

Al Margen

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Miércoles 4 de abril de 2018.

El único candidato presidencial que ha sido más o menos claro en el planteamiento de la postura que podría asumir ante un tema tan relevante como las exigencias y pretensiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es Andrés Manuel López Obrador. Para bien o para mal, el tabasqueño ha ido esbozando la posibilidad de derogar —dice— la reforma educativa. El problema es que ninguno de los otros candidatos presidenciales ha sido claro al respecto, aún en la consideración de que la CNTE no es sólo un grupo relacionado con la educación, sino que es un auténtico grupo de poder y presión para la gobernabilidad del país.

En efecto, la CNTE es un problema nacional, y por eso debería ser un tópico relevante de campaña de todos los candidatos presidenciales. Desde hace mucho tiempo, la Coordinadora dejó de ser un tema local circunscrito únicamente a Oaxaca, Guerrero y Chiapas, para convertirse en un tema nacional. La combinación de la conocida altivez y capacidad de movilización de la CNTE, y la propuesta de derogar la reforma educativa durante el próximo sexenio, debe ser desde hoy un tema que preocupe a todos los candidatos presidenciales.

¿Cuál es la razón? Que gane o pierda, Andrés Manuel López Obrador prendió esa mecha de la inminente movilización magisterial, al tratar de lanzar propuestas que simpatizaran lo mismo con la CNTE que con los profesores del SNTE identificados con Elba Esther Gordillo. Queda claro que no todos los maestros del país mantienen una postura en contra de la evaluación, igual que como resulta cierto que muchos de ellos —los gordillistas— podrían asumir la derogación de la reforma educativa más allá de su contenido, sino como una necesidad de reivindicación del poder de la ex lideresa magisterial, que fue encarcelada por el impulsor de la reforma educativa, y que en un régimen opuesto tendría como sanción política la derogación de la reforma como una manifestación del poder recuperado por la hoy defenestrada maestra Gordillo, en un posible reascenso al poder.

El problema hoy, es que independientemente de lo que ocurra el 1 de julio, de todos modos la CNTE tratará de volver a la carga con respecto a la derogación de la reforma. Hace algunas semanas, López Obrador remarcó su postura relacionada con la reforma educativa, pero dijo que su forma de terminar con las normas que rigen a la evaluación docente —médula de la reforma educativa— sería a través del proceso legislativo (es decir, enviando una iniciativa que modificara el contenido constitucional y legal, para que los diputados la aprobaran).

Esta posibilidad fue rechazada de inmediato por la Coordinadora, quien le mandó a decir a Andrés Manuel que para que verdaderamente mostrara voluntad política y simpatía con su movimiento, tendría que pronunciarse por una derogación de la reforma por decreto. Esta posibilidad, evidentemente, sería una manifestación clara y abierta de confrontación al orden constitucional por parte de un posible Andrés Manuel como Presidente de la República. Frente a ello, el tabasqueño no ha vuelto a mencionar el tema. Aunque queda claro que independientemente de que lo haga o no, ese guiño a la CNTE será la punta de lanza para lo que siga después del proceso electoral.

VOLVERÁN A LA CARGA

Si Andrés Manuel se convierte en Presidente de la República, la Coordinadora y la Sección 22 no esperarán a que manifieste voluntad por la derogación de la reforma educativa, sino que desde el primer día de su gestión —y quizá desde antes, porque el cambio de la Legislatura federal ocurrirá desde el mes de septiembre, y posiblemente Morena llegue a tener mayoría— comenzarán a exigirle el cumplimiento de su palabra a través no de las vías institucionales o las que llegara a plantear AMLO para lograrlo, sino como ellos mismos lo quisieran en forma y fondo.

¿Qué querría la CNTE y la Sección 22? Querrían lo que han dicho, como forma de derogación: es decir, la emisión de un decreto presidencial que dejara sin efecto la reforma educativa. Pero además, como fondo del planteamiento, ellos asumirán la postura de que no quieren la reforma actual —por eso piden su derogación—, pero que además tampoco aceptarán cualquier otra forma de evaluación de la educación pública, que no sea las que ellos mismos establezcan.

Es posible prever desde ahora que una cuestión de esa magnitud no les será concedida, incluso ni por el propio Andrés Manuel si llega ser Presidente. El problema entonces ya no será educativo sino de gobernabilidad. Porque si consideramos que durante todos estos años la CNTE fue al único grupo opositor que el gobierno federal nunca pudo dominar, y que tampoco pudo negociar con ellos —dejando incluso al garete muchos aspectos de la reforma educativa en entidades como la nuestra—, llegando incluso a la circunstancia de permitirles que entidades como Oaxaca fueran espacios de aplicación suavizada o matizada de la reforma educativa.

Considerando lo anterior, lo más probable es que antes del término del presente año, el gobierno federal tendría o a una CNTE tranquila a partir de someterse inopinadamente a su dictado; o tendría a una Coordinadora manifestándose abiertamente en la capital del país, mostrando su músculo político, y su afinada capacidad de organización y movilización, de la que ya le dieron amplia cuenta a la administración del presidente saliente Enrique Peña Nieto, y de la que no tendrán ningún problema de volverle a demostrar a cualquiera que sea el Presidente a partir del 1 de diciembre próximo.

Por eso no sólo es importante, sino prioritario, que cada uno de los candidatos presidenciales establezcan sus prioridades y planteamientos, con respecto a lo que prevén para enfrentar este problema de gobernabilidad que de forma inminente tendrán con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Como bien lo sabemos en Oaxaca —producto de experiencias como la del gobierno de Gabino Cué, que intentó ser aliado de la CNTE y nunca lo logró a pesar de haberse plegado durante años a sus exigencias y presiones—, el magisterio democrático tiene una vocación opositora insuperable e infranqueable, que irremediablemente los llevará a encarar, pero nunca a aliarse, con quien sea el próximo Presidente. Así sea su candidato actual, Andrés Manuel López Obrador.

¿Y LOS CANDIDATOS OAXAQUEÑOS?

Acostumbrados a no meterse en problemas, ninguno de los candidatos oaxaqueños a cargos estatales o federales, se ha referido al tema. No lo hacen, primero, porque no quieren asumir posiciones que luego les generen costos políticos —aun cuando su postura pudiera ser la correcta—; y segundo, porque no entienden de fondo todo lo que ocurre con la CNTE.

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